jueves, 28 de junio de 2012

EL PARTIDO POPULAR DE AYAMONTE PIDE LA NULIDAD DE LA LICENCIA DE OBRAS

Lo s populares ayamontinos fundamentan su petición en la falta de informes y en la existencia de informes desfavorables dictados por los técnicos del Ayuntamiento.




El Partido Popular de Ayamonte ha presentado una moción, que se llevará a votación al próximo Pleno del Ayuntamiento de la localidad fronteriza, en la que insta al resto de fuerzas políticas de la localidad a que se declare nula de pleno derecho la licencia de obras otorgada para la construcción de la gasolinera en la Avda. de la Constitución.

El portavoz popular, Alberto Fernández, ha manifestado que esta opción viene recogida en la Ley y se contempla ante situaciones en las que una Administración ha dictado una resolución incumpliendo el procedimiento que debía haber llevado a cabo. En concreto, el popular ayamontino ha explicado como en el procedimiento de concesión de esta licencia, se han pasado por alto por parte del Primer Teniente Alcalde, Francisco Alvárez Rubiño, persona responsable de otorgar las licencias de obra, diversos informes desfavorables redactados por los técnicos municipales. Pero es que además, según ha destacado el portavoz popular, no se han incluido en el expediente, informes que son obligatorios, como el de la Policía Local.

En estas declaraciones el portavoz popular ha destacado como en el Pleno celebrado el pasado 4 de junio, el Sr. Álvarez Rubiño afirmó que la licencia había sido firmada por Rafael Luna en lugar de él, porque en ese momento no se encontraba en Ayamonte y además negó que existieran estos informes desfavorables cuando en el expediente de otorgamiento de licencia de obra aparecen diversos informes contrarios a la concesión de dicha licencia, por lo que el Primer Teniente Alcalde ha mentido a los vecinos afectados y a todo Ayamonte.

Por último, Alberto Fernández ha comentado que para que esta moción pueda llevarse a cabo, necesita ser votada favorablemente por once concejales del Pleno, de esta forma podrán instar a la Junta de Andalucía para que informe sobre la nulidad de la licencia de obras. Si el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía las declara nulas, no se iniciarán las obras, ni se engañará a los vecinos como ya se hizo con el Club abierto en el Polígono Industrial, que se paralizó justo antes de las elecciones para luego seguir construyéndose.

Prensa Partido Popular de Ayamonte.

lunes, 11 de junio de 2012

EL PARTIDO POPULAR DE AYAMONTE PIDE RESPONSABILIDAD AL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PSOE

E l PSOE siembra la duda de la corrupción en el municipio de Ayamonte.

El Partido Popular de Ayamonte, tras los graves acontecimientos acaecidos en nuestra ciudad por los que han resultado imputados por varios delitos los dos últimos Alcaldes socialistas de la localidad, el actual Alcalde, Antonio R. Castillo y su antecesor, Rafael González, quiere denunciar la grave situación que viene arrastrando la localidad en materia económica, de empleo y ahora, de imputaciones por corrupción.
Tanto las exhaustivas investigaciones de la Guardia Civil, en concreto la Unidad de Delitos Urbanísticos del SEPRONA, como la instrucción del Juez encargado del caso, están poniendo en tela de juicio la forma de llevar el urbanismo en nuestra ciudad, dejando caer sobre Ayamonte la sombra de la corrupción.
Ayamonte no se merece que se sospeche sobre la gestión de su urbanismo de forma continua ya que, con estas imputaciones, se está poniendo en tela de juicio la forma de actuar de los gobernantes socialistas de los últimos dieciséis años.
El actual edil, Antonio R. Castillo, está imputado por un delito continuado contra la ordenación del territorio, lo que comúnmente se conoce como corrupción urbanística. En la última semana y debido a esta imputación, se ha desconvocado la reunión del Consejo Económico y Social donde se iban a estudiar los presupuestos de la ciudad, no se nos ha convocado a una reunión con los promotores de la polémica gasolinera, no tenemos ni siquiera un avance del nuevo Plan de Ajuste que tiene que ser presentado en una semana al Ministerio de Hacienda y así un largo etcétera de dejación de funciones. Ayamonte no puede estar esperando a que los imputados se preparen sus defensas y olviden, como lo han hecho desde hace más de siete años, la gestión de nuestra ciudad. Ayamonte no se puede permitir esta imagen que puede ahuyentar a posibles inversores, no se merece un Alcalde que no piensa nada más que no entrar en la cárcel en lugar de pensar en gobernar Ayamonte.
El Partido Popular de Ayamonte, quiere llamar a la cordura al actual equipo de gobierno del PSOE y a sus apoyos para que recapaciten sobre lo que están haciendo con Ayamonte y su futuro y que piensen que nuestra ciudad necesita a personas responsables y comprometidas con la gestión pública y el servicio al pueblo.
Prensa Partido Popular de Ayamonte.

EL PARTIDO POPULAR DE AYAMONTE DICE NO A LA GASOLINERA

El equipo de gobierno del PSOE aún no les ha citado para sentarse a negociar con la empresa.
El Partido Popular de Ayamonte vuelve a manifestar públicamente que está completamente a favor de las reivindicaciones de los vecinos afectados por la construcción de una gasolinera en la Avda. de la Constitución de nuestra ciudad. Apoyamos su rechazo a la construcción de una gasolinera en las inmediaciones de sus viviendas por los problemas de salud y seguridad que puede provocarles y por los problemas de acceso y de circulación que va a crear su actual ubicación.
Los populares ayamontinos quieren dejar claro que cualquier negociación con la empresa pasa por cambiar la ubicación de la gasolinera, pero aún están esperando a que el equipo de gobierno les convoque a una reunión con la empresa para intentar llegar a un acuerdo, tal y como se acordó en el último pleno celebrado hace una semana.
Los populares se preguntan para cuándo esa reunión para así poder proponer soluciones, tal y como pide el portavoz socialista el Sr. Rubiño pleno tras pleno. A los populares les parece que pide estas propuestas de cara a la galería, para montar circos y espectáculos en los plenos, para desviar la atención de los verdaderos problemas de Ayamonte. Por ello volvemos a preguntar a qué esperan, ¿a que se pase el plazo de alegaciones sin convocarles y así poder seguir construyendo?, ¿o es qué están más preocupados en preparar sus declaraciones como imputados?
Los populares de la ciudad fronteriza quieren dejar claro que existen en el procedimiento de construcción de la gasolinera informes desfavorables de los técnicos municipales que ponemos a disposición de todos los ciudadanos de Ayamonte en nuestra sede.
Prensa Partido Popular de Ayamonte.

lunes, 4 de junio de 2012

El Consejo de Gobierno, presidido por Chaves, anticipó un préstamo a una empresa antes de que se concediesen las subvenciones

En la documentación que recientemente la Junta ha enviado a la juez Alaya constan elementos nuevos como es un informe de disconformidad emitido por el interventor delegado, Joaquín Alegre Herrera, el 15 de diciembre del año 2000 que marca la ilegalidad de las subvenciones que se pretendían otorgar a la asociación de ex trabajadores de Hijos de Andrés Molina
También destaca una serie de pagos en concepto de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a Hijos de Andrés Molina, a pesar del informe de disconformidad de la Intervención
Considera "llamativo" que la sede de la asociación de ex trabajadores de Hijos de Andrés Molina que es donde se hacían todos los pagos esté en la calle Órfila número 5 de Sevilla donde están ubicados los Estudios Jurídicos Villasís

La sanidad andaluza, un ‘polvorín’ a punto de estallar: Griñán traspasa las ‘líneas rojas’ con sus recortes y deja más de 2.000 millones sin ejecutar

La Junta ya ha anunciado que cerrará Centros de Salud por las tardes, que no renovará contratos al personal eventual y que reducirá los refuerzos en Urgencias de Atención Primara
Baja el sueldo a los interinos, pero no toca los complementos productivos a los altos cargos de libre designación
Corredera anuncia que pedirá a la Junta que explique por qué "de cada 10 euros presupuestados para inversiones en Sanidad sólo se han gastado 2"
Existen más de 20 "proyectos fantasmas" en las provincias, algunos con un retraso de más de 12 años
La portavoz de Salud del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Ana Corredera, ha asegurado hoy que las últimas decisiones en sanidad adoptadas por el gobierno de Griñán, que ha impuesto un "tijeretazo en toda regla" en la sanidad andaluza, han acabado con esas supuestas 'líneas rojas' a las que hacía referencia el PSOE. A su juicio, estos recortes del gobierno socialista en Andalucía afectarán no sólo a los trabajadores, sino también a la calidad de la asistencia.

El 'tijeretazo' de Griñán en Sanidad está dando lugar a situaciones sin precedentes, como el anuncio del cierre de un altísimo porcentaje de los Centros de Salud por la tarde durante los meses de verano que afectarán también a ciudades con afluencia de visitantes en temporada estival, como es el caso de Málaga. Incluso se ha dado el caso de la denuncia de un Centro de urgencias en Sevilla en el que carecían de algodón, Ibuprofeno o anestesia.
Corredera explicó que a esto hay que añadir los "recortes encubiertos" de las partidas que año tras año se consignan en los presupuestos de la Consejería pero que nunca se ejecutan. Sólo en este concepto, la pasada legislatura se dejaron de ejecutar 2.142 millones de euros. Del presupuesto de 2011, la ejecución no ha superado el 18,5 por ciento, 45,9 millones de los 247 presupuestados.
Así, "de cada 10 euros previstos para inversiones en Sanidad, no se han gastado ni siquiera 2", reiteró.
"Los andaluces tenemos derecho a saber qué ha pasado con las inversiones previstas, y por qué los socialistas nos han engañado año tras año", dijo la portavoz del PP, quien anunció que su grupo pedirá que el gobierno andaluz explique en una comparecencia en el Parlamento para aclarar adónde han ido a parar esos 2.000 millones de euros.
"Si la consejera no ejecuta las inversiones y no ha pagado a los proveedores, ¿a qué se ha dedicado la Consejería, sólo a pagar nóminas?", se preguntó. De hecho, tal y como recordó Ana Corredera, gracias a los fondos ICO aprobados por el gobierno de Rajoy la Consejería de Sanidad de la Junta podrá saldar su deuda con los proveedores, que ha pasado de los 550 millones iniciales a los 2.500 millones en facturas que la Consejería tenía guardadas en los cajones. Así, de las 773.000 facturas pendientes de pago a proveedores que debe la Administración autonómica, un 97 por ciento pertenece a Sanidad.
"La Sanidad no es una prioridad para el gobierno de Griñán, sino un escaparate y un arma de confrontación política", dijo Corredera, quien añadió que la sanidad andaluza es "un polvorín que está a punto de estallar", donde además, afirmó, no está habiendo "ni diálogo con los sindicatos ni acuerdo".
La también vicesecretaria del PP andaluz explicó que los recortes de Griñán en la Sanidad andaluza son "una amenaza" para los trabajadores, ya que, argumentó, a la rebaja del cinco por ciento en los salarios hay que añadir una merma de un 10 por ciento más en todos los conceptos variables, algo que afectará fundamentalmente a los "más frágiles" como los interinos. Sin embargo, el PSOE no tocará los complementos productivos que se reparten los cargos medios y altos de libre designación, que ascienden a la friolera de 4.200 cargos en Andalucía.
La Junta "no sabe acometer reformas que conlleven un ahorro en el gasto", subrayó la portavoz popular.
Ana Corredera reveló además los "despidos" que sufrirán los más de 6.000 eventuales que trabajan actualmente en la sanidad andaluza, a muchos de los cuales ya se les ha notificado que no se les renovará el contrato. Igualmente ocurre con los profesionales de los dispositivos de apoyo en Atención Primaria, a quienes se les ha reducido la jornada hasta un 72 por ciento en algunos casos. En el caso de los refuerzos en Urgencias de Atención Primaria, el recorte ha sido hasta de un 40 por ciento. A todo ello hay que añadir la reducción progresiva de las partidas destinadas a las sustituciones que supone al final, en la práctica, un aumento en las listas de espera
Y todo ello, recordó, mientras siguen en el aire "proyectos fantasmas" en todas las provincias andaluzas que llevan anunciados desde hace ocho e incluso doce años. Entre estos proyectos citó el Hospital Materno Infantil en Almería; el nuevo Hospital de Cádiz; o los CHARE de Palma del Río (Córdoba), Alpujarra (Granada) o Lepe (Huelva), además de la Ciudad Sanitaria de Jaén, el Macrohospital de Málaga o el Hospital Militar de Sevilla.

LA PIRAMIDE DE LOS ERES TOCA TECHO

La teoría acuñada hace varios meses por la juez Mercedes Alaya acerca de que el caso ERE es como una pirámide que —según advirtió en noviembre— aún estaba en los primeros peldaños e iría subiendo, se está cumpliendo. Lo dijo claro: «se pueden subir peldaños en la investigación» apuntando a altos cargos. Y, de hecho, el informe de la Guardia Civil concluye que el Gobierno andaluz no sólo conocía el caso de los ERE sino que lo tapó e incluso que se está investigando al propio presidente y a los titulares de varias consejerías. Estos son los principales implicados en el más alto escalón de la pirámide de los ERE fraudulentos. Un caso que, por el camino que ha tomado, puede acabar en el Tribunal Supremo por la existencia de numerosos aforados que deberían ser juzgados por el Alto Tribunal.
José Antonio Griñán. Sin duda el presidente de la Junta es el primer implicado. La Guardia Civil ha dejado muy claro que está investigando su participación en la trama. En primer lugar porque era el consejero de Economía durante la etapa en la que varios informes de la Intervención General de la Junta (según declaró el propio exinterventor) ponían reparos al uso de la transferencia de financiación. Y según el interventor este informe se enviaba con destino al entonces consejero de Economía. Pero también porque, siendo ya presidente, se asegura que al conocer el escándalo, en noviembre de 2010 se manipularon expedientes para taparlo. La Guardia Civil insiste en que conocían, a partir de 2009, tanto el procedimiento como el uso que se hacía de la transferencia de financiación y las modificaciones presupuestarias para ello. El informe de la Cámara de Cuentas también lo señalaba como responsable.
Manuel Chaves. Fue bajo el mandato del que fuera presidente de la Junta durante casi veinte años, cuando en 2001 se aprobó el convenio marco que facilitó «el descontrol absoluto de las ayudas». El propio Antonio Fernández aseguró que el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, «tuvo que comentar el nuevo sistema a Chaves» y que éste debía conocerlo al igual que el resto de los miembros del Consejo de Gobierno. También es aforado por su condición de diputado.
Gaspar Zarrías. Era el consejero de Presidencia y, por tanto, estaba al frente del «consejillo» al que se informó de la elaboración del convenio. Y, según cree la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) , normalmente se daba cuenta de estos asuntos por la importancia del procedimiento y por el hecho de que hubo que realizar varias modificaciones presupuestarias.
José Antonio Viera. El exconsejero de Empleo es señalado por la Guardia Civil como el promotor del sistema (fue el que firmó el convenio marco por el que se implantó el modelo de transferencia de financiación que facilitaba el descontrol de las ayudas). Y se dice que jugó «un papel esencial» en gran parte de las ayudas. Durante su mandato se concedieron importantes ayudas a empresas de dos exconcejales socialistas de la Sierra Norte de Sevilla, a la que está vinculado el ahora diputado socialista y también aforado por ello. Concretamente esa comarca sevillana se llevó 50 millones de los más de 70 concedidos en toda la comunidad.
Antonio Fernández. El exconsejero de Empleo está en prisión desde hace mes y medio imputado de seis delitos: cuatro continuados de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación de fondos y obtención indebida de subvenciones, además de cohecho y falsedad en documento mercantil. La juez le impuso recientemente una fianza civil de 807 millones porque lo cree «artífice» de haber diseñado un sistema de ayudas públicas millonarias entregadas de manera discrecional. El actual director general, Daniel Rivera dijo sobre Fernández «ya sabemos porqué este pollo no quiere salir del Parlamento» en referencia a su resistencia a dejar la Cámara para no perder su condición de aforado.
D Manuel Recio. Ha sido consejero de Empleo hasta hace semanas. Se le investiga sobre todo, además de por ser el responsable de la Consejería donde se produjeron las irregularidades, porque acudió un fin de semana de noviembre de 2010 a la sede de la Consejería y dio orden de modificar y expurgar los expedientes en los que se detectaban irregularidades antes de enviarlas al juzgado. Segun la Guardia Civil Recio, junto a su director general de Trabajo y su viceconsejero, Justo Mañas, ordenó esa revisión de los papeles con la idea de «poner un parche» en lo que pudiera aparecer. Los agentes creen que no se envió al juzgado toda la documentación. Pero la Guardia Civil concluye que desde mayo de 2009 en la Consejería se conocía la existencia de intrusos y no se hizo nada por evitarlo. Durante el mandato de los sucesores de Guerrero se siguieron pagando con cargo a los fondos públicos primas cuantiosas sobre esas pólizas donde figuraban los intrusos. También se imputó al exviceconsejero, Agustín Barberá.
Carmen Martínez Aguayo. En esa época era viceconsejera de Economía del equipo de Griñán. Según la declaración del exinterventor, los informes que ponían reticencias al modelo se enviaban a la viceconsejería. Por tanto estaba al corriente de que la Intervención discrepaba y además, sería doblemente responsable, en el caso de que, como se ha dicho, no le hizo llegar a su jefe esas importantes objeciones que hablaban de «posible menoscabo de los fondos públicos»
Francisco Vallejo. El exconsejero de Innovación de la Junta y parlamentario socialista recibió, según lo declarado también por el interventor, los informes que alertaban de las irregularidades y la ausencia de controles en la concesión y pago de las ayudas. El inteventor le mandó el citado correo con acuse de recibo.
Magdalena Álvarez. La UCO concluye también que el destino dado a los fondos de la partida 31-L (bautizada como «fondo de reptiles«) era conocido por los consejeros de Economía y cita a Magdalena Alvarez, que fue antecesora de José Antonio Griñán en ese cargo.
Antonio Ávila. Es actual consejero de Economía y Empleo de la Junta pero antes lo fue de Innovación. Su relación con el caso podría estar relacionada con el hecho de que la agencia IDEA dependía de esa consejería que el presidió y que formaba parte del consejo rector de la empresa que otorgaba las ayudas. Y la Benemérita continúa investigando a los distintos titulares de las consejerías a las que estuvo adscrita la agencia.
Ramón Díaz. Fue hasta hace poco diputado del PSOE y era asesor en la Dirección General de Trabajo de la Junta. La Guardia Civil considera que «tuvo un papel activo en la inclusión directa de intrusos» en EREs como e el caso de las empresas Calderinox o Saldauto.
Los tres directores generales.El exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero está en prisión. Pero los dos siguientes, Juan Márquez y el actual, Daniel Rivera, han pertenecido al equipo de Griñán. Y ambos están imputados y puede que sean citados pronto. La Guardia Civil asegura que ambos «dan forma y continuidad a los acuerdos adoptados por su antecesor». El exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, también está imputado.